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LA INDEPENDENCIA DEL AUDITOR

Se halla en trance de aprobación, por estas fechas, el anteproyecto de Ley de Auditoría de Cuentas que reformará la vigente Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas (LAC), por lo que me parece un momento oportuno para reflexionar acerca de un aspecto de trascendental importancia que, a mi modo de ver, no está suficientemente bien tratado en la ley vigente. Me refiero, en concreto, al principio de independencia del auditor, respecto del cual dice el artículo 8 LAC:

Los auditores de cuentas deberán ser y parecer independientes, en el ejercicio de su función, de las empresas o entidades auditadas, debiendo abstenerse de actuar cuando su objetividad en relación con la verificación de los documentos contables correspondientes pudiera verse comprometida.

La cuestión, planteada en forma de pregunta, es la siguiente: ¿Puede el auditor ser verdaderamente independiente de quien le paga? ¿Puede alguien ser independiente de quien le paga?

El auditor trabaja como un profesional cualquiera en tanto que la entidad auditada es su cliente, con quien concierta y a quien presta un servicio profesional a cambio del cual recibe en contraprestación los pertinentes honorarios. Es decir, que la relación auditor-auditado es una relación puramente mercantil que se plasma en un contrato temporal y rescindible.

Ante tal realidad puede suceder que si el auditor –como es lo normal en un profesional insobornable–, en el cumplimiento de su obligación, es exigente durante su verificación de los hechos y –o– de emite informes con salvedades que no sean del gusto de su cliente, pueda verse presionado por éste bajo la amenaza de rescindir su relación. Entonces –caricaturizando– el auditor puede ser intransigente y cerrar su despacho, o bien se pone a flirtear con el eufemismo; o, en el peor de los casos, claudica. Y esto es igual par las grandes firmas que para los modestos auditores individuales, cada uno en su medida y proporción.

¿No debería estar investido el auditor de algún rango de autoridad conferida por la Administración de modo y manera que no pudiera ser represaliado por cumplir con su deber? ¿No sería así mejor que castigarle con tantas y tantas sanciones? Porque, en el último BOICAC (número 77), aparecen nada menos que quince resoluciones sancionadoras. Y dicho número no es ninguna excepción, sino la regla.

Constantino Coco Naves

Buen ejercicio de reflexión , éste de la independencia del auditor frente a su cliente.
No obstante, la cuestión ya queda , como bien citas, definida de manera sucinta en el art.8 de la actual Ley y si en el texto de la nueva pronta a aprobar no inciden en el tema, puede que el “stato quo” actual ya sea de conformidad por las partes, a pesar de las delicadas situaciones en que los auditores se puedan ver implicados en el buen ejercicio de su función.

Considero que lo que da realmente independencia al auditor es el prestigio de la profesión y las responsabilidades que puedan derivarse. Considero que la función de auditoria estará controlada siempre que las normas técnicas limiten al máximo la posibilidad de interpretación por parte del auditor. Los controles de calidad del ICAC, junto a las posibles responsabilidades penales, tendrían que ser suficiente para obtener unos estándares de calidad satisfactorios.

Otra aspecto que influye en la independencia debe ser el prestigio de las grandes firmas de auditoria, que jamás se arriesgarían si las irregularidades contables les pusieran en un compromiso.

En cuento a su opinión sobre el BOICAC 77, opino que cuanto mas regulación técnica y sancionadora, y menos control político mejor.Lo que jamás recomendaría es la designación mediante juez del auditor. De esa forma se convertiría la profesión en una mafia judicial-política, como ejemplo solo tenemos que ver el modo e designar a los acreedores concúrsales y su independencia, o la manera de conseguir un contrato público.Recuelden que los estudios económicos demuestran que el mercado tiene fallos, pero el sector público aún mas. Me atrevería decir, contra mas lejos la autoridades judiciales y políticas, mejor para la eficiencía del sistema económico.