Fiscalización de las contabilidades de las elecciones de 26 de junio
El Tribunal de Cuentas ha aprobado y publicado hoy en el BOE la Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de mayo de 2016, por el que se aprueba la Instrucción relativa a la fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 26 de junio de 2016.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 134.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), en su redacción dada por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, el Tribunal de Cuentas se ha de pronunciar, en el ejercicio de su función fiscalizadora, sobre la regularidad de las contabilidades electorales presentadas por las formaciones políticas y, en el caso de que se aprecien en las mismas irregularidades o violaciones de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos electorales, puede iniciar el procedimiento sancionador en los casos y en los términos establecidos en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, así como proponer la no adjudicación o reducción de la subvención pública a percibir por la formación política de que se trate.
La finalidad de la Resolución es precisar los criterios técnicos a seguir en la fiscalización de las contabilidades relativas a las elecciones a Cortes Generales de 26 de junio de 2016, así como el alcance y los requisitos de la documentación contable y justificativa que ha de remitirse al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo establecido en la normativa electoral, de modo que sean conocidos por las formaciones políticas, con objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa electoral.
La remisión de la contabilidad electoral se realizará mediante el empleo de medios informáticos y telemáticos.
La Instrucción se comunicará a todas las formaciones políticas que, de conformidad con lo previsto en la normativa electoral, están obligadas a presentar la contabilidad electoral ante el Tribunal de Cuentas.