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El pasado 13 de noviembre de 2017, COESA (Comisión de Órganos Europeos de Supervisión de Auditores), a la que pertenece el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas), celebró su quinta sesión plenaria, en la que se adoptaron, entre otras, las siguientes decisiones:

• Adopción del programa de trabajo para 2018, incluyendo los correspondientes a cada uno de los cinco subgrupos: Inspecciones, Normas Internacionales de Auditoría, Equivalencia y Adecuación, Seguimiento del Mercado e Investigaciones y Sanciones.
• Aprobación del estudio sobre el uso de las Normas Internacionales de auditoría en las jurisdicciones de los Estados Miembros de la Unión Europea.

La Comisión Europea ha presentado la última parte de sus esfuerzos para simplificar el impuesto sobre el valor añadido y para sentar las bases de lo que, espera, en el futuro sea una verdadera "zona IVA" en el seno de la UE. Una batería de ideas que permitirán a los países decidir qué tipo de productos se benefician de tipos reducidos o súper reducidos y que abre la puerta a la inclusión de productos de higiene íntima, algo que durante años ha estado sobre la mesa pero no podía llegar a concretarse.

La idea, según el comisario Pierre Moscovici, responsable de Asuntos Económicos, Tributarios y Aduanas, es crear un área del IVA única para Europa, con reglas más simples para los Estados Miembros y empresas. Estas propuestas darán a los países de la UE una mayor libertad para aplicar tipos de IVA reducidos a productos o servicios específicos. Al mismo tiempo, reducirán la burocracia para las pequeñas empresas que operan a través de las fronteras, ayudándolas a crecer y crear empleos. En resumen: normas comunes cuando sea necesario para el funcionamiento del mercado interior y una mayor flexibilidad para que los gobiernos reflejen sus preferencias políticas a través de sus tipos de IVA.

Telefónica ha advertido a sus accionistas de que sus cuentas se verán afectadas de forma relevante por la entrada en vigor de tres normas de contabilidad internacional que alterarán su patrimonio y sus beneficios, concretamente la NIIF 9, la 15 y la 16

En concreto, sobre la NIIF 9, relativa a los instrumentos financieros y que sustituye a la NIC 39 por la que BBVA ha tenido que poner sobre la mesa la histórica pérdida por su 6,3% de Telefónica, la multinacional informa de que “los impactos más relevantes esperados se refieren a la documentación de políticas y estrategias de coberturas, así como a los procesos de estimación de la pérdida por deterioro esperada en activos financieros y su momento de reconocimiento”.

La administradora concursal que ha gestionado la insolvencia de la sociedad Accesos de Madrid -que gestiona las autopistas R-3 y R-5- advierte en el plan de liquidación y reversión a manos públicas de la concesión que no ha podido llevar a cabo su función en las mejores condiciones por la pérdida de determinada información sensible de la compañía y exige que los dirigentes de Acceso de Madrid presenten un documento en el que se detalle la documentación destruida por su parte. 

Según informacion ofrecida por El Confidencial Digital, los auditores reclaman al equipo de Luis de Guindos garantizar “el respeto de los profesionales”, especialmente de las contratadas por grandes empresas. El argumento es el siguiente: si el consultor tiene autoridad suficiente para emitir un informe independiente, con las luces y las sombras de la compañía, realizarán su función con plena competencia. Algo que a día de hoy echan en falta.

Las exigencias de las consultoras son principalmente dos: aumentar los honorarios de los auditores y establecer unas reglas para la realización de informes.

Actualmente, los auditores cobran una media de treinta euros la hora por la realización de informes de fiscalización, contabilidad o análisis estratégico de las empresas. Las fuentes consultadas aseguran a ECD que aunque aparentemente se trata de una cifra alta, en realidad no retribuye el tiempo real que se dedica a estos informes.

El Ayuntamiento de Madrid envió ayer una nota de prensa en respuesta a la información que publicó el diario ABC sobre las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) que había conseguido licitar en 2017. Ahora Madrid hizo públicos los datos ayer y las cifras habían engordado respecto a las que figuraban en la contabilidad a fecha 10 de enero de 2018, según pudo comprobar este periódico en documentos internos.

Tal y como figuraba en el sistema municipal, ABC publicó el lunes que de los 355,4 millones de euros para IFS dispuestos en el capítulo 6 de Ayuntamiento y el 7, transferido a Organismos Autónomos y Sociedades, sólo había gastado 139,4 millones. De esos 139,4 millones, 32 millones eran los que había utilizado la Administración para las Áreas y los distritos; en el otro capítulo, 107,4 millones habían sido repartidos entre la Funeraria (8,3 millones, representando el 100% de lo presupuestado), la EMT (98,4 millones, el 85,5%) y la Informática (633.827 euros, el 64%). El resto, 216 millones que no habían tenido tiempo de gestionar para obras de mejoras en la ciudad, quedan abocados a amortizar deuda, tal y como se estipula en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En el artículo 37 de la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 29 de octubre de 2012 por la que se desarrollan distintos aspectos relacionados con la obligación de realizar formación continuada por parte de los auditores de cuentas, se dispone que “los auditores de cuentas ejercientes remitirán al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas una declaración anual complementaria de las actividades de formación continuada realizadas que sean distintas de las declaradas por los centros organizadores reconocidos, acompañada de los justificantes correspondientes”.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha remitido una nueva denuncia al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) contra el presidente de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET), Jesús Castellano y su junta directiva. La denuncia fue realizada por Eugenio Granjo, el técnico al que la Federación ha tratado de retirar la licencia en varias ocasiones y cuya primera denuncia llevó a la apertura de una investigación y a la detención en junio de 2016 de Castellanos.

Luciano García Carrión, hijo único de los propietarios del grupo García Carrión y heredero del mismo, evitó firmar las cuentas de la compañía correspondientes al pasado ejercicio, no asistiendo a la reunión del consejo de administración celebrada el pasado 23 de junio en la que se aprobaron las cuentas consolidadas de la compañía, abandonando poco después la empresa y presentando su dimisión como consejero y vicesecretario de la compañía.

Hasta ahora, el consejo de administración estaba formado, además de por Luciano, por su padre y presidente del grupo, José García Carrión, y por su madre, que ocupa el cargo de secretaria del consejo, Rafaela Corujo Díaz.

Una nueva normativa contable (Norma Internacional de Información Financiera 9 o NIIF 9), que entrará en vigor el próximo enero, tiene en jaque a los bancos españoles pues podría acercar a algunos de ellos al límite de la insolvencia desde el punto de vista contable, según un informe elaborado por BBVA Research.