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La gestión contable y financiera es clave para el buen funcionamiento de cualquier organización, siendo necesario que ésta se apoye en un buen software de gestión y contabilidad, que sea accesible desde cualquier lugar, ya que hoy en día el poder teletrabajar ya no es una opción, es una necesidad.

Sin embargo, por muy potente que sea el software de gestión empresarial que se utilice, Microsoft 365, suele complementar a estas aplicaciones, principalmente por la potencia y versatilidad de Excel, que facilita la exportación y la manipulación de datos, para adaptarlos a las necesidades de sus usuarios.

La aprobación de la reforma normativa aprobada por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, tiene por objeto fomentar la transparencia, la sostenibilidad y desarrollo a largo plazo de las empresas y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general, mediante la divulgación de información no financiera. La ley impone a ciertas empresas preparar anualmente un estado de información no financiera (en adelante “EINF”) que contenga información relativa, por lo menos, a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno.

Las obligaciones exigibles por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, son de aplicación para los ejercicios económicos iniciados a partir del 1 de enero de 2018. Tras la publicación de los primeros EINF se han recibido en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital diversas consultas sobre la aplicación de la ley y la forma de dar un mejor cumplimiento a las exigencias de la misma.

El ICAC ha publicado en su página web las consultas de contabilidad de su Boletín número 125 de marzo de 2021.
Las tres consultas publicadas están disponibles dentro de nuestra sección de Doctrina administrativa.

A continuación, realizamos un breve resumen de las mismas:

Consulta 1 Sobre el tratamiento contable de las reducciones de rentas acordadas en un contrato de arrendamiento operativo de local de negocio por causa de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para hacer frente a los efectos de la crisis sanitaria del COVID-19.

En los supuestos en los que el contrato incluyese una cláusula sobre la posibilidad de reducir las cuotas en casos de caídas o cierre de la actividad impuesta por una disposición legal o reglamentaria, la reducción en el pago y el cobro en el arrendatario y arrendador, respectivamente, es claro que deberá tratarse como una renta contingente. En el contexto excepcional producido por el COVID-19, cuando el arrendatario y el arrendador hayan llegado a un acuerdo para reducir las rentas, cabría optar por considerar que el hecho económico desencadenante de la disminución en el precio de la cesión del derecho de uso no guarda relación con los ejercicios posteriores, sino con la situación económica actual, circunstancia que llevaría a no calificar dicho pacto como un incentivo al arrendamiento sino como un ajuste temporal de la renta a la situación económica sobrevenida y otorgarle, en consecuencia, el tratamiento previsto para las rentas contingentes.

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), advierte de que el contexto económico provocado por la crisis de la Covid-19 está generando un incremento de los riesgos de fraude y de ruptura del principio de empresa en funcionamiento.

Los auditores detectan un repunte de los riesgos de fraude generalizado, y apuntan que no siempre tiene por qué registrarse entre las grandes empresas, sino que se están acentuando los fraudes “muy pequeños”, relativos a cambios de factura y de criterios contables mediante cambios de fecha que trastocan los resultados de las cuentas.

Un informe elaborado por la Universidad de Alcalá para este organismo refleja que en época de crisis las empresas auditadas actualizan su patrimonio y por consiguiente se ve reflejado en la contabilidad la pérdida de valor del activo, mientras que en las sociedades no auditadas no se refleja dicha pérdida de valor, trastocando los resultados reales.

La contabilidad además de ser una obligación mercantil y la base para la liquidación de impuestos es una herramienta clave para la toma de decisiones empresariales, de manera que no es algo exclusivo de contables y financieros, ya que también debe ser conocida por otros perfiles profesionales no financieros, como gerentes y directivos.

Los directivos no financieros no tienen porque conocer al detalle la operativa contable, ni ser expertos en finanzas, para eso ya están los directores financieros, jefes de contabilidad o contables, pero si deben tener una visión integrada de los conceptos e instrumentos claves de contabilidad y finanzas imprescindibles para el análisis, planificación y control de las actividades y resultados de la gestión de la empresa.

Además, también deben de estar familiarizados con la terminología financiera y contable, para entender a los profesionales de la contabilidad, aunque estos también deben procurar adaptar la terminología empleada a los conocimientos de sus interlocutores, ya que el objetivo de la comunicación es transmitir información útil para la toma de decisiones, no demostrar los conocimientos contables y financieros.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha obligado a ACS a modificar el criterio contable a través del que incluía en sus cuentas la participación en BIC Contracting, filial de la australiana Cimic, que le causó un impacto negativo de más de 1.100 millones de euros por sus actividades en Oriente Medio y que dejó un agujero de 400 millones en el balance consolidado del grupo constructor. Así lo reconoce en el informe de los Estados Financieros Resumidos Consolidados a cierre del ejercicio 2020 que presentó a finales del pasado mes de febrero.

Dicha documentación recoge que hasta el momento en que el regulador bursátil solicitó la modificación, ACS contabilizaba su negocio en BICC por el método de la participación, ya que ostentaba un 45% del capital a través de la propia Cimic. En cambio, debido a que la constructora tenía una opción de compra sobre el 55% restante que nunca llegó a ejercitar, el regulador ha solicitado que se lleve a cabo una consolidación global de la misma, un movimiento que implica la reformulación de las cuentas de 2019.