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El Ayuntamiento de Madrid envió ayer una nota de prensa en respuesta a la información que publicó el diario ABC sobre las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) que había conseguido licitar en 2017. Ahora Madrid hizo públicos los datos ayer y las cifras habían engordado respecto a las que figuraban en la contabilidad a fecha 10 de enero de 2018, según pudo comprobar este periódico en documentos internos.

Tal y como figuraba en el sistema municipal, ABC publicó el lunes que de los 355,4 millones de euros para IFS dispuestos en el capítulo 6 de Ayuntamiento y el 7, transferido a Organismos Autónomos y Sociedades, sólo había gastado 139,4 millones. De esos 139,4 millones, 32 millones eran los que había utilizado la Administración para las Áreas y los distritos; en el otro capítulo, 107,4 millones habían sido repartidos entre la Funeraria (8,3 millones, representando el 100% de lo presupuestado), la EMT (98,4 millones, el 85,5%) y la Informática (633.827 euros, el 64%). El resto, 216 millones que no habían tenido tiempo de gestionar para obras de mejoras en la ciudad, quedan abocados a amortizar deuda, tal y como se estipula en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En el artículo 37 de la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 29 de octubre de 2012 por la que se desarrollan distintos aspectos relacionados con la obligación de realizar formación continuada por parte de los auditores de cuentas, se dispone que “los auditores de cuentas ejercientes remitirán al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas una declaración anual complementaria de las actividades de formación continuada realizadas que sean distintas de las declaradas por los centros organizadores reconocidos, acompañada de los justificantes correspondientes”.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha remitido una nueva denuncia al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) contra el presidente de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET), Jesús Castellano y su junta directiva. La denuncia fue realizada por Eugenio Granjo, el técnico al que la Federación ha tratado de retirar la licencia en varias ocasiones y cuya primera denuncia llevó a la apertura de una investigación y a la detención en junio de 2016 de Castellanos.

Luciano García Carrión, hijo único de los propietarios del grupo García Carrión y heredero del mismo, evitó firmar las cuentas de la compañía correspondientes al pasado ejercicio, no asistiendo a la reunión del consejo de administración celebrada el pasado 23 de junio en la que se aprobaron las cuentas consolidadas de la compañía, abandonando poco después la empresa y presentando su dimisión como consejero y vicesecretario de la compañía.

Hasta ahora, el consejo de administración estaba formado, además de por Luciano, por su padre y presidente del grupo, José García Carrión, y por su madre, que ocupa el cargo de secretaria del consejo, Rafaela Corujo Díaz.

Una nueva normativa contable (Norma Internacional de Información Financiera 9 o NIIF 9), que entrará en vigor el próximo enero, tiene en jaque a los bancos españoles pues podría acercar a algunos de ellos al límite de la insolvencia desde el punto de vista contable, según un informe elaborado por BBVA Research.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), órgano dependiente del Ministerio de Economía y presidido por Enrique Rubio, ha sido nombrado nuevo miembro de los órganos de gobierno del EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) en la Asamblea General celebrada el día 23 de octubre de 2017 en Bruselas.

Fuente: www.expansion.com

La Inspección del Banco de España enciende todas las alarmas sobre cómo se están supervisando las entidades financieras y advierte de que el nuevo sistema "puede conducir a un desastre mayor que el sufrido". Pedro Luis Sánchez, presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España -que agrupa al grueso de la Inspección- describió este martes ante la comisión parlamentaria de investigación de la crisis bancaria un inquietante panorama en el que no se supervisa bien y, además, se represalia a los inspectores críticos.

El Consejo de Ministros aprobó a comienzos de septiembre el  primer borrador del Anteproyecto de Ley para la transposición de la Directiva europea sobre la divulgación de información no financiera y sobre diversidad por parte de las grandes empresas y determinados grupos empresariales.

Con esta transposición se modifica el artículo 49 del Código de Comercio, los artículos 252 y 540 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas con un doble objetivo:

El Tribunal de Cuentas ha notificado este lunes al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, que debe depositar una fianza solidaria de 5,250 millones de euros por el gasto ocasionado a las arcas públicas para la organización de la consulta ilegal de autodeterminación del 9 de noviembre de 2014, celebrada pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional. La cantidad incluye el dinero supuestamente detraído al erario público más los intereses generados desde esa fecha, según fuentes jurídicas. La cantidad es aún provisional porque los abogados de los implicados están presentando alegaciones y, además, debe ser reunida por todos los investigados.

El Tribunal de Cuentas, en esta fase de investigación previa a un juicio en la jurisdicción contable, atribuye a Mas la responsabilidad por todos los gastos que se generaron en aquel pseudo referéndum de independencia de Cataluña, por el que el político acabó siendo inhabilitado por desobediencia en la vía penal.

Once años después, la Audiencia Nacional celebra el juicio por estafa contra 29 responsables de Fórum Filatélico, con su expresidente y máximo accionista, Francisco Briones, como principal acusado. Tras la intervención de Fórum, Briones puso a nombre de su esposa y sus dos hijos menores de edad sus dos sociedades patrimoniales, con inmuebles en Madrid y Marbella y activos financieros valorados en 8,6 millones de euros.

La actividad de Fórum era inviable desde su origen, como se ha demostrado ya en la jurisdicción mercantil y no podía operar como sociedad captadora de ahorro y ofrecer productos de rentabilidad garantizada, de acuerdo con la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, de 2003. Para burlar ese obstáculo, sus responsables crearon, según la fiscalía, una ficción contable para que no aflorase la naturaleza financiera de que se escondía detrás de su actividad de comercio con sellos.