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El Consejo de Ministros aprobó a comienzos de septiembre el  primer borrador del Anteproyecto de Ley para la transposición de la Directiva europea sobre la divulgación de información no financiera y sobre diversidad por parte de las grandes empresas y determinados grupos empresariales.

Con esta transposición se modifica el artículo 49 del Código de Comercio, los artículos 252 y 540 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas con un doble objetivo:

El Tribunal de Cuentas ha notificado este lunes al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, que debe depositar una fianza solidaria de 5,250 millones de euros por el gasto ocasionado a las arcas públicas para la organización de la consulta ilegal de autodeterminación del 9 de noviembre de 2014, celebrada pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional. La cantidad incluye el dinero supuestamente detraído al erario público más los intereses generados desde esa fecha, según fuentes jurídicas. La cantidad es aún provisional porque los abogados de los implicados están presentando alegaciones y, además, debe ser reunida por todos los investigados.

El Tribunal de Cuentas, en esta fase de investigación previa a un juicio en la jurisdicción contable, atribuye a Mas la responsabilidad por todos los gastos que se generaron en aquel pseudo referéndum de independencia de Cataluña, por el que el político acabó siendo inhabilitado por desobediencia en la vía penal.

Once años después, la Audiencia Nacional celebra el juicio por estafa contra 29 responsables de Fórum Filatélico, con su expresidente y máximo accionista, Francisco Briones, como principal acusado. Tras la intervención de Fórum, Briones puso a nombre de su esposa y sus dos hijos menores de edad sus dos sociedades patrimoniales, con inmuebles en Madrid y Marbella y activos financieros valorados en 8,6 millones de euros.

La actividad de Fórum era inviable desde su origen, como se ha demostrado ya en la jurisdicción mercantil y no podía operar como sociedad captadora de ahorro y ofrecer productos de rentabilidad garantizada, de acuerdo con la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, de 2003. Para burlar ese obstáculo, sus responsables crearon, según la fiscalía, una ficción contable para que no aflorase la naturaleza financiera de que se escondía detrás de su actividad de comercio con sellos.

Sacyr ha reducido en un 8,3% el valor contable al que tiene registrada la participación del 8,2% que ostenta como segundo máximo accionista de Repsol de forma que al cierre de junio se situaba en 15,4 euros por acción desde los 16,8 euros por título de cierre de 2016, según informó la empresa.

Este valor contable está aún, no obstante, un 5,1% por encima de la actual cotización de la petrolera en Bolsa, donde sus títulos actualmente se intercambian a un precio de en torno a los 14,6 euros por acción.

Una pequeña empresa de reciclaje de residuos catalana ha interpuesto ante un juzgado ordinario de Madrid la primera demanda civil contra el Banco Popular al que le reclama 10.000 euros por la compra de un paquete de acciones en 2016 y cuyo valor quedó reducido a cero tras la resolución de la entidad en junio de este año.

La sociedad solicita en su demanda que se declare nula la operación y denuncia a su vez que tanto el comercial como el director de la oficina bancaria le propusieron suscribir acciones "con la falsa promesa" de que con la ampliación de capital puesta en marcha no solo percibiría beneficios a partir del ejercicio de 2017 sino que, además, el valor de la acción repuntaría notablemente en Bolsa, cosa que jamás ocurrió, ya que las acciones nunca llegaron a cotizar ni un día al precio por el que adquirieron, según el escrito de la demanda en el que se acusa a la entidad bancaria de falsear la información contable suministrada en el folleto de ampliación de capital con el fin de "inducir a error a los inversores".

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha publicado recientemente en su página web nuevas consultas. En esta ocasión se trata de 2 consultas de contabilidad y 5 de auditoria.

Respecto a las dos consultas de contabilidad, ambas están relacionadas con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad (PGC) aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PGC-Pymes) aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), a través de la Subdirección General de Control Técnico, se encarga de la supervisión pública de la actividad de auditoría de cuentas. El artículo 52 de la Ley de Auditoría de Cuentas aprobada por la Ley 22/2015, de 20 de julio (LAC) establece al respecto:

"El control de la actividad de auditoría de cuentas, que será realizado de oficio y de acuerdo con las disponibilidades humanas y materiales del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, se llevará a cabo mediante las siguientes actuaciones:

a) Investigaciones de las actuaciones de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría

b) Inspecciones de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría."

La profesión de auditor de cuentas además de ser apasionante se está convirtiendo en una profesión de cierto riesgo, ya que en determinados casos, como el de la reciente auditoría de cuentas del Banco Popular, su trabajo es ampliamente cuestionado, pudiendo los perjudicados exigirles responsabilidades por su trabajo.

Es por ello que el auditor de cuentas debe mantener un difícil equilibrio, para no pecar en su informe de auditoría, de un excesivo alarmismo, que puede provocar serios problemas a la sociedad auditada y por ende a los administradores que contrataron sus servicios, pero, por otra parte,no puede ocultar hechos relevantes, sobre todo si suponen una alteración significativa de la realidad de la empresa.

A la hora de comprar una nave industrial, una oficina o un local comercial, la opción más conocida es solicitar un préstamo hipotecario, pero cada vez cobra más fuerza el leasing inmobiliario, como forma para financiar una adquisición que supone un importante esfuerzo para la mayor parte de las empresas y autónomos.

El leasing inmobiliario es una modalidad de financiación a medio o largo plazo, que facilita, mediante un contrato de arrendamiento financiero,la adquisición de este tipo de inmovilizado por las empresas. A través de este contrato, el arrendador cede al arrendatario el uso y disfrute del bien inmobiliario, a cambio del pago de unas cuotas, en las que se incluyen los intereses. A la finalización del plazo estipulado en la duración del contrato de arrendamiento financiero, y del abono de todas las cuotas periódicas, el arrendatario tendrá una opción de compra del bien.

El contable de una pyme, los jefes de administración, los controllers y los directores financieros de empresas más grandes son personas en las que, aparte de tareas contables y de supervisión de la contabilidad, recaen todo tipo de tareas, entre las que se encuentran, entre otras, la presentación de modelos tributarios, soporte a las auditorías, preparación de las cuentas anuales y depósito en el Registro Mercantil, por lo que encontrar un hueco para disfrutar de unas merecidas vacaciones, no es tarea fácil en muchos casos.