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Los principales objetivos de este Real Decreto son, reducir las cargas administrativas de los sujetos pasivos, garantizar la igualdad de trato entre las facturas en papel y las facturas electrónicas, facilitar las transacciones económicas y contribuir a la seguridad jurídica de los agentes económicos en la aplicación de la normativa reguladora de la materia.

Este Real Decreto responde a estos objetivos, recogiendo en su artículo único las modificaciones introducidas por la Directiva 2010/45/UE en materia de facturación, mediante la aprobación de un reglamento por el que se regulan las obligaciones en dicho ámbito.

Además del Reglamento que se aprueba en el artículo único, el Real Decreto incluye una disposición transitoria única, una disposición derogatoria única y una disposición final única.

El CEF.- y la UDIMA siempre han compartido el principio de que la formación debe ir asociada al empleo, bien sea para conseguir el primero, para cambiar el que se tiene o para mejorar y crecer dentro de la empresa. Con esa idea presentamos este pequeño manual de búsqueda de empleo. Buscamos orientar a nuestros estudiantes a afrontar las selecciones de personal.

A lo largo del manual se analizan las diferentes fases de un proceso de selección. Nos pondremos en el lugar de una empresa, descubriendo qué herramientas y métodos utiliza para encontrar la persona más idónea o adecuada a una determinada necesidad que le surja, para que así, desde este punto de vista, el candidato pueda adecuarse lo máximo posible a sus demandas concretas.

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Mediante dos resoluciones, fechadas el 29 de febrero de 2012, la Dirección General de los Registros y del Notariado aprueba nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales.

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), tras más de dos años de duro trabajo, ha publicado una traducción en español del libro de la International Federation Accountants (IFAC) sobre las Normas Internacionales de Auditoría y de Control de Calidad.

Este proceso se inició con la publicación de la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) de 31 de octubre de 2008, para la constitución de un grupo de trabajo integrado, entre otros, por miembros de las tres corporaciones representativas de los auditores en España.

El resultado es fruto de la colaboración entre el ICJCE, el ICAC y un comité liderado por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas e integrado por representantes de varios países latinoamericanos (Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Méjico, Panamá, Paraguay y Uruguay).

Desde la aprobación de la Resolución de 16 de marzo de 1993 por la que se aprobaba la Norma Técnica de Control de Calidad Interno, se han producido, en el ámbito de la Unión Europea y a escala internacional, determinadas iniciativas que suponen un gran avance en la normativa relacionada con el control de calidad de la actividad de la auditoría de cuentas, tanto desde el punto de vista de la organización interna del auditor como de la revisión externa de dicho sistema.

El pasado 7 de marzo de 2011 se publicó la Resolución de 22 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se sometía a información pública el texto de esta nueva Norma de Control de Calidad Interno, publicada hoy. Una vez finalizado el plazo de seis meses de información pública y habiéndose presentado alegaciones al texto publicado, se ha revisado dicha norma técnica por el Comité de Auditoría de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, incorporando algunas modificaciones.

Ha sido publicada la Resolución por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) a la Administración General de Estado.

Dicha Resolución regula la adaptación a la Administración General del Estado de las partes segunda “Normas de reconocimiento y valoración”, cuarta, “Cuadro de Cuentas” y quinta, “Definiciones y relaciones contables” del PGCP, así como la adecuación de los modelos de la “Cuenta de la Administración General del Estado” a las adaptaciones anteriores y a lo previsto en las normas de formulación de las cuentas anuales en la tercera parte del PGCP.

Destaca el hecho de que en lugar de aprobar completas  las partes del PGCP adaptadas, se han regulado únicamente las modificaciones que respecto al PGCP debe aplicar la Administración General del Estado, ya que así se ponen más de manifiesto las diferencias con respecto al plan marco (PGCP).

La adaptación se ha llevado a cabo teniendo en cuenta las características propias de la Administración General del Estado, como son:

• No tiene de entidad propietaria.
• Tiene inversiones militares.
• Emite moneda metálica.
• Puede realizar emisiones de deuda con derivados financieros vinculados.

Entre las adaptaciones realizadas podemos destacar las  siguientes:

A partir de hoy las entidades sin fines lucrativos cuentan con unas normas contables adaptadas a sus propias características dado que ya ha sido publicado el Real Decreto 1491/2011, por el que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad a dichas entidades quedando derogado el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril. Es importante destacar que la entrada en vigor del mencionado Real Decreto es el 1 de enero de 2012 y será de aplicación en los términos previstos en el mismo, para los ejercicios económicos que se inicien a partir de dicha fecha.

Esta nueva adaptación será de aplicación obligatoria, tal y como queda reflejado en el artículo 3 de las normas de adaptación, a las fundaciones de competencia estatal de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y a las asociaciones declaradas de utilidad pública al establecerse la obligación en el artículo 5 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, sin perjuicio de que otras disposiciones puedan establecer su aplicación obligatoria a distintas entidades sin fines lucrativos.

Ha sido aprobada la nueva Instrucción de Contabilidad para la Administración General del Estado mediante la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre.

La disposición adicional quinta de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 modificó la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria incorporando dos nuevos estados (el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo) al contenido de las cuentas anuales de las entidades que deben aplicar los principios contables públicos.  Como consecuencia de dicha incorporación y de la aprobación del nuevo Plan General de Contabilidad Pública, ha sido necesario realizar importantes modificaciones en el contenido de la Cuenta de la Administración General del Estado. Dichas modificaciones suponen además de la incorporación de los dos nuevos estados mencionados anteriormente, la ampliación de la información que se incluye en la Memoria, así como otros cambios en el Balance, en la Cuenta del resultado económico patrimonial y en el Estado de liquidación del presupuesto.

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy un Real Decreto con el reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, culminando así el proceso de adaptación a la normativa comunitaria iniciado con la Ley 12/2010, de 30 de junio.

Este proceso ha permitido incrementar la claridad del bloque normativo de la auditoría de cuentas, reforzando la función de interés público que cumple el auditor de cuentas.

Las modificaciones que contiene el reglamento tienen por finalidad completar aquellos aspectos de la ley que requieren un necesario desarrollo reglamentario e introducir mejoras técnicas, de supervisión o con el objetivo de cubrir lagunas o evitar ambigüedades.

Así, entre sus principales novedades, cabe destacar las siguientes:

• Se precisan los distintos requisitos que deben reunirse para obtener la autorización necesaria para ejercer la actividad de auditoría, procurando una mayor calidad formativa en quien va a ser auditor y facilitando su seguimiento por parte del supervisor público.
• Respecto al ejercicio de la actividad, y con la finalidad de garantizar una actualización permanente de los conocimientos de los auditores, se precisan la forma y condiciones en que debe cumplimentarse la obligación legal de formación continuada, cumpliendo con ello con la normativa comunitaria.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad (PGC) a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de estas entidades.

Tras la aprobación en el año 2007 del PGC y del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, las entidades sin fines lucrativos han seguido aplicando la adaptación aprobada por el Real Decreto 776/1998, salvo en aquellos aspectos que de forma expresa se opusieran a los citados planes.

Las normas que ahora se aprueban establecen criterios específicos aplicables a este tipo de entidades dentro del nuevo marco contable general, contribuyendo con ello a reforzar la seguridad jurídica y a adaptar su contabilidad a las normas internacionales.

Las entidades sin fines lucrativos se caracterizan porque su actividad no va dirigida a la obtención de un lucro comercial, sino a perseguir objetivos de interés general en beneficio de la comunidad. Por ello, aunque tomen como referente el modelo contable general, ha sido necesario introducir cambios en algunos aspectos fundamentales: