Problemas contables

La Resolución del ICAC de 1 de marzo de 2013 sobre el inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias determina que:

“En el caso de que un elemento del inmovilizado material haya de someterse de manera periódica a inspecciones generales, con independencia de que los elementos afectados sean sustituidos o no, en la fecha en que se produzca la incorporación del activo al patrimonio de la empresa se identificara como un componente del coste del activo el importe de los desembolsos necesarios para realizar la inspección. Si este coste no estuviera especificado, a efectos de su identificación, podrá utilizarse el precio actual de mercado de una inspección similar.

Este componente se amortizará durante el periodo de tiempo que transcurra hasta la fecha en que se realizase la revisión. Cuando se realicen los trabajos, el coste de la inspección se reconocerá como mayor valor del inmovilizado material, que a su vez será objeto de amortización hasta que se produzca la siguiente revisión, dándose de baja cualquier importe pendiente de amortizar del anterior componente.”

La Resolución del ICAC reproduce el apartado g) de la NRV 3ª del PGC, el cual establece:

“g) En la determinación del importe del inmovilizado material se tendrá en cuenta la incidencia de los costes relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos costes se amortizará de forma distinta a la del resto del elemento, durante el periodo que medie hasta la gran reparación…”

La adquisición de una cartera de clientes supone la adquisición de potenciales clientes cuyo coste, tratándose de una adquisición onerosa, se registra como inmovilizado intangible, al tener capacidad de generar ingresos económicos futuros y poder transferirse de forma separada.

La cartera de clientes no forma parte del fondo de comercio al ser un elemento identificable.

La vida económica de una cartera de clientes no puede establecerse de una forma fiable y por tanto se amortiza de forma lineal en un plazo de 10 años y puede ser objeto de deterior de valor.

Teniendo en cuenta lo establecido en la Consulta 1 del BOICAC 115, si la empresa realiza una donación por la que esté obligada a repercutir el IVA, en caso de que se acuerde que el donatario no abone dicho importe, el donante contabilizará un mayor gasto por donación y viceversa; esto es, el donatario reconocerá dicho importe como una donación (un ingreso).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 84 y 88 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, los empresarios y profesionales que realicen las entregas de bienes y prestaciones de servicios gravadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido están obligados a repercutir íntegramente el importe del mismo sobre el destinatario de la operación, mediante la expedición de la correspondiente factura, quedando este último obligado a soportar tal repercusión siempre que la misma se ajuste a lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto, cualesquiera que fuesen las estipulaciones existentes entre ellos.

A la hora de calcular el impuesto sobre sociedades debemos partir del resultado contable antes de impuestos el cual no tiene por qué coincidir con el resultado fiscal. Podemos afirmar que la mayoría de los ingresos son imputables y la mayoría de los gastos contables son deducibles fiscalmente pero los hay que no lo son y por eso surgen esas diferencias entre el resultado contable y el fiscal.

En esta ocasión vamos a tratar aquellos gastos e ingresos que nunca van a ser deducibles fiscalmente ni imputables en el impuesto, son las llamadas diferencias permanentes. Son diferencias que nunca van a revertir en periodos posteriores.

Las diferencias permanentes no se definen en la norma 13.ª del PGC, puesto que se trata de una  norma que es una norma de registro y valoración y las diferencias permanentes no se contabilizan.

El confirming es un producto financiero ofrecido por el banco para facilitar a sus clientes la gestión del pago a sus proveedores. Mediante este servicio el banco paga las facturas de la empresa que contrata el servicio incluso en ocasiones con anterioridad a la fecha de vencimiento.

El ICAC en su consulta 10 del BOICAC 38 lo define como la entrega a una entidad financiera por parte de una sociedad de remesas de pagos a proveedores, procediendo aquél al vencimiento a cargar en la cuenta bancaria los pagos y transferir estos importes a los proveedores.

Reestructuración del personal tras la adquisición de un negocio. (Consulta 2 BOICAC 88)

La NRV 19ª.2.4, en relación con el reconocimiento de los activos y pasivos vinculados a la adquisición de un negocio señala como criterio de reconocimiento que, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos deben cumplir las definiciones incluidas en el Marco Conceptual de la Contabilidad, y ser parte de lo que adquirente y adquirida intercambian en la combinación de negocios, con independencia de que algunos de estos activos y pasivos no hubiesen sido previamente reconocidos en las cuentas anuales de la empresa adquirida, o en las de la empresa transmitente del negocio adquirido, por no cumplir los criterios de reconocimiento.

La consulta 8 del BOICAC 84 de diciembre de 2010 versa sobre el tratamiento contable de la adquisición de la nuda propiedad de un inmueble, manteniendo el vendedor el derecho de usufructo vitalicio sobre el mismo y el derecho a una renta vitalicia de prestación definida.

El PGC establece como hipótesis fundamental que cualquier intercambio que se realiza en el mercado se efectúa en términos de equivalencia económica, es decir, que el precio que se fija debería coincidir con el valor razonable de la contraprestación recibida. Así, en el caso que nos ocupa, como lo que se adquiere es la propiedad de un inmueble a cambio de una renta vitalicia dejando al vendedor el uso y disfrute del mismo hasta que este fallezca, deberemos registrar el inmueble en el activo del balance del comprador por un importe equivalente al valor razonable de la propiedad del citado inmueble. Para determinar dicho importe tendremos en cuenta que el uso y disfrute no corresponde al comprador sino al vendedor, aspecto que influirá en la valoración del inmueble por el comprador.

En cuanto a la amortización, dado que el uso efectivo no corresponde al nudo propietario, no procede practicar la amortización correspondiente a la depreciación que sufra el inmueble por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de la obsolescencia que pudiera afectarlo.

En el ejercicio que se extinga el usufructo como consecuencia de la muerte del usufructuario, únicamente procederá informar de esta situación en la memoria, sin que corresponda realizar modificación alguna del valor contable asignado a la nuda propiedad, al amparo del principio del precio de adquisición, y siendo de aplicación los criterios generales de amortización.

Por otro lado, el importe estimado de la deuda que asume la empresa, es decir, el importe de la rentas vitalicia, se ajusta al concepto de provisión que se recoge en la NRV 15.ª “Provisiones y contingencias” del PGC, por lo que figurara en el pasivo no corriente del  balance, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se vayan devengando.

Si como consecuencia del conocimiento de algún hecho relevante en relación con el número de años de vida probable del acreedor de la renta vitalicia, se pone de manifiesto una insuficiencia o un exceso de la provisión, se deberán tener en cuenta las nuevas estimaciones en los sucesivos ejercicios para cuantificar adecuadamente la citada provisión. Las dotaciones o excesos se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con su naturaleza.

Acciones rescatables

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), en la sección 3.ª del Título II "Especialidades en materia de acciones", regula en sus artículos 500 y 501 la emisión y amortización de las acciones rescatables.

Este tipo de acciones se caracterizan por poseer un derecho a un futuro rescate o amortización. El TRLSC autoriza su emisión y establece que podrán ser rescatables a solicitud:

La reserva de nivelación constituye un incentivo fiscal destinado a las empresas que aplican el régimen especial de reducida dimensión que permite minorar la base imponible positiva en un 10 % con el límite máximo de un millón de euros.

El objetivo perseguido es que en el ejercicio en que se obtengan beneficios, no se tributará por parte de ellos, de forma que en ejercicios futuros en los que se obtengan bases imponibles negativas éstas se compensarán con esta especie de anticipo a cuenta.

Las reducciones aplicadas, se irán sumando en las bases imponibles negativas de los periodos sucesivos siguientes, existiendo un periodo límite de 5 años.

Podemos resumir lo anterior diciendo que permite minorar la tributación de un determinado período impositivo respecto de las bases imponibles negativas que se vayan a generar en los 5 años siguientes, anticipando en el tiempo la aplicación de las futuras bases imponibles negativas.

La aplicación de esta reducción por nivelación exige la dotación de una reserva indisponible con cargo a los beneficios del año en que se minora la base y, si no existen beneficios suficientes, deberá dotarse en los ejercicios siguientes en cuanto sea posible.

La reducción del capital puede tener por finalidad el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, la constitución o el incremento de la reserva legal o de las reservas voluntarias o la devolución del valor de las aportaciones. En las sociedades anónimas, la reducción del capital puede tener también por finalidad la condonación de la obligación de realizar las aportaciones pendientes.

La reducción podrá realizarse mediante la disminución del valor nominal de las participaciones sociales o de las acciones, su amortización o su agrupación.

La reducción del capital habrá de acordarse por la junta general con los requisitos de la modificación de estatutos, y el acuerdo expresará, como mínimo: