Problemas contables

El descuento de letras es una de las operaciones más típicas de financiación a corto plazo de las empresas. Básicamente consiste en que una entidad financiera adelante a la empresa el importe de una letra a cobrar, con respecto al vencimiento y previa deducción de unos intereses y comisiones bancarias. El descuento que realiza la entidad financiera es salvo buen fin, lo que significa que la empresa queda obligada a devolver el dinero anticipado a la entidad financiera en el caso de que el obligado a pagar o librado no lo atienda a su vencimiento.

En el caso de que el efecto no sea atendido al vencimiento, como la empresa tiene un préstamo con el banco, y este no ha cobrado, es la empresa la que debe hacer frente a esa deuda. Recordamos que el banco había prestado el dinero a la empresa con la garantía de la letra, y que el riesgo de impago seguía siendo de la empresa y este riesgo no se había trasmitido al banco.

Según el artículo 10 de la Ley de Impuesto sobre sociedades, la base imponible estará constituida por el importe de la renta obtenida en el período impositivo minorada por la compensación de bases imponibles negativas de períodos impositivos anteriores.

La base imponible se refiere a la renta obtenida en el periodo impositivo y se determina partiendo del resultado contable al que se le deberán hacer los correspondientes ajustes establecidos en la ley. Puede ocurrir que la base resulte negativa y, en ese caso, ésta se va a poder compensar en los siguientes ejercicios a fin de minorar nuestra tributación. La ley establece que la base imponible negativa del Impuesto de Sociedades se puede compensar con los resultados positivos de los ejercicios inmediatos y sucesivos, sin establecer una limitación temporal.

Podemos definir la amortización como la depreciación que normalmente sufren los bienes del inmovilizado por su funcionamiento, uso y disfrute, debiéndose valorar, en su caso, la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Al realizar la dotación anual lo que realizamos es reflejar la distribución del precio de adquisición o coste de producción durante la vida útil estimada del bien.

El valor residual (valor que tiene un inmovilizado al final de su vida útil, una vez deducidos los gastos por amortización y depreciación), la vida útil (período en el que se espera utilizar el activo por parte de la empresa y, a su vez, el tiempo durante el cual se produce la amortización) y el método de amortización se revisaran, como mínimo, en la fecha de cierra de cada ejercicio.

Los cambios que en su caso pudieran originarse en el valor residual, la vida útil y el método de amortización de un activo se contabilizaran como cambios en las estimaciones contables, es decir, de forma prospectiva, salva que se tratara de un error, en cuyo caso de contabilizarán de forma retrospectiva.

De acuerdo con el artículo 3.5 de la Resolución del ICAC de 5 de marzo de 2019 el beneficio distribuible es el agregado del resultado del ejercicio, de acuerdo con el balance aprobado, y los siguientes ajustes:

a) Positivos.

1.º Las reservas de libre disposición, y
2.º El remanente.

b) Negativos.

1.º Los resultados negativos de ejercicios anteriores. No obstante, el exceso de estos resultados sobre los ajustes positivos solo se incluirá como ajuste negativo en la parte en que no estén materialmente compensados con el saldo del importe de la reserva legal y de las otras reservas indisponibles preexistentes, y
2.º La parte del resultado del ejercicio en que deba dotarse la reserva legal y las restantes atenciones obligatorias establecidas por las leyes o los estatutos.

A los exclusivos efectos de cuantificar el beneficio distribuible, el resultado del ejercicio deberá incrementarse en el importe de los gastos financieros contabilizados al cierre del periodo en concepto de dividendo mínimo o preferente.

La prima de emisión y la prima de asunción constituyen patrimonio aportado que puede ser objeto de recuperación por los socios, en los mismos términos que las reservas de libre disposición, y las aportaciones de los socios reguladas en el artículo 9.

En todo caso la distribución de resultados o la devolución de las aportaciones indicadas en el párrafo anterior, estará sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 28.

Podemos definir la amortización como la depreciación que normalmente sufren los bienes del inmovilizado por su funcionamiento, uso y disfrute, debiéndose valorar, en su caso, la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Al realizar la dotación anual lo que realizamos es reflejar la distribución del precio de adquisición o coste de producción durante la vida útil estimada del bien.

El valor residual (valor que tiene un inmovilizado al final de su vida útil, una vez deducidos los gastos por amortización y depreciación), la vida útil (período en el que se espera utilizar el activo por parte de la empresa y, a su vez, el tiempo durante el cual se produce la amortización) y el método de amortización se revisaran, como mínimo, en la fecha de cierra de cada ejercicio.

Los cambios que en su caso pudieran originarse en el valor residual, la vida útil y el método de amortización de un activo se contabilizaran como cambios en las estimaciones contables, es decir, de forma prospectiva, salva que se tratara de un error, en cuyo caso de contabilizarán de forma retrospectiva.

En esta ocasión planteamos una solución practica a la consulta 1 del BOICAC 122 de junio de 2020, sobre la aplicación práctica sobre el tratamiento contable aplicable a los costes a asumir por las empresas en los ERTEs consecuencia del COVID 19.

La consulta versa sobre el adecuado tratamiento contable de las decisiones adoptadas por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en relación con los costes a asumir por las empresas en los expedientes de reducción temporal de empleo. En concreto, se pregunta si las medidas aprobadas por el Gobierno tienen la naturaleza de subvención y, en su caso, qué conceptos pueden ser considerados como tal.

Puede ocurrir que una empresa ceda un bien de su inmovilizado a un cliente comprometiéndose este último, a cambio de dicho bien, a consumir los productos de la empresa cuya entrega constituye su actividad ordinaria. El cliente devolverá el bien cedido una vez cese el consumo de los productos.

Igualmente puede darse el caso de que la empresa con el fin de promocionar sus productos y favorecer su venta invierta en elementos físicos como rótulos, mobiliario y carteles (son los llamados costes de abanderamiento) que explotará el cliente.

Según lo establecido en la Consulta 4 del BOICAC 67 de septiembre de 2006, con carácter general, un bien se incorpora al patrimonio de la sociedad adquirente cuando se produce la transmisión de los riesgos y ventajas significativos asociados al mismo.

La Resolución de 14 de abril de 2015 del ICAC, sobre el coste de producción establece que:

1.Los gastos generales de administración o dirección son aquellos en los que incurre una empresa para llevar a cabo la gestión, organización o control, no estando relacionados con el ciclo de producción.

Puede ocurrir que una empresa ceda un bien de su inmovilizado a un cliente comprometiéndose este último, a cambio de dicho bien, a consumir los productos de la empresa cuya entrega constituye su actividad ordinaria. El cliente devolverá el bien cedido una vez cese el consumo de los productos.

Igualmente puede darse el caso de que la empresa con el fin de promocionar sus productos y favorecer su venta invierta en elementos físicos como rótulos, mobiliario y carteles (son los llamados costes de abanderamiento) que explotará el cliente.

El PGC establece que en los activos que necesiten un periodo de tiempo significativo (superior a un año) para estar en condiciones de cumplir con la función que les es propia, se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se hayan devengado hasta esa fecha (entrada en funcionamiento para el inmovilizado o en condiciones de ser enajenadas para las existencias) y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, fabricación o construcción.

Por su parte la Resolución del ICAC de 14 de abril de 2015, del coste de producción determina en el apartado 6 de la norma novena de los criterios de determinación del coste de producción que la capitalización de los gastos financieros se suspenderá durante el plazo en que permanezcan interrumpidas las actividades relacionadas con la fabricación o construcción de bienes, salvo que el cese de estas actividades venga impuesto por restricciones inherentes a su fabricación o construcción.