Problemas contables

La reserva de capitalización es un incentivo fiscal regulado en el artículo 25 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS) por el que se permite a los contribuyentes que tributen al tipo de gravamen previsto en los apartados 1 o 6 del artículo 29 de la citada ley aplicar una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades del 10% del incremento de los fondos propios de la sociedad, con la obligación de mantener ese incremento durante 5 años en la sociedad y de dotar una reserva indisponible durante dicho periodo por el importe de la reducción acreditada en el Impuesto. Esta reserva, de acuerdo con lo establecido en el preámbulo de la Ley 27/2014, sustituye a la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios y deducción por inversión de beneficios existentes en la ley anterior. Con esta medida se pretende potenciar la capitalización empresarial mediante el incremento del patrimonio neto, y, con ello, incentivar el saneamiento de las empresas y su competitividad

Para poder disfrutar de dicho incentivo fiscal se deberán cumplir los siguientes requisitos:

El autoconsumo de bienes es una operación que la Ley de IVA asimila a las entregas de bienes a título oneroso (art. 9.1º). El objetivo del autoconsumo es evitar consumos privilegiados sin pago de IVA (autoconsumo externo) o el ejercicio de deducciones que no corresponden a la utilización de los bienes (autoconsumo interno).

El autoconsumo externo trasciende a la unidad económica productiva, ya que tiene lugar cuando bienes y servicios salen fuera del patrimonio empresarial o profesional, sin contraprestación alguna por transferencia gratuita a terceros o por transferencia al patrimonio o consumo particular del sujeto pasivo. Este tipo de autoconsumo se sujeta a tributación tanto en el caso de bienes como en el caso de servicios, produciéndose el devengo del IVA por el valor del mercado de los bienes entregados o de los servicios prestados.

El artículo 303 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio establece respecto a la ampliación de capital con cargo a reservas lo siguiente:

«1. Cuando el aumento del capital se haga con cargo a reservas, podrán utilizarse para tal fin las reservas disponibles, las reservas por prima de asunción de participaciones sociales o de emisión de acciones y la reserva legal en su totalidad, si la sociedad fuera de responsabilidad limitada, o en la parte que exceda del diez por ciento del capital ya aumentado, si la sociedad fuera anónima.
2. A la operación deberá servir de base un balance aprobado por la junta general referido a una fecha comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al acuerdo de aumento del capital, verificado por el auditor de cuentas de la sociedad, o por un auditor nombrado por el Registro Mercantil a solicitud de los administradores, si la sociedad no estuviera obligada a verificación contable».

La norma primera de la Resolución de 1 de marzo de 2013, de la Presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro y valoración del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias recoge el criterio a seguir para contabilizar los anticipos entregados a cuenta de un elemento del inmovilizado material, exigiendo que cuando en la operación se pueda identificar un componente financiero se reconozca el correspondiente ingreso, circunstancia que será habitual cuando entre la entrega de efectivo y la incorporación del inmovilizado al patrimonio de la empresa transcurra un plazo de tiempo superior al año. Cuando la empresa adquiere el control del inmovilizado, en curso o terminado, dará de baja el anticipo y se iniciará, en su caso, el cómputo del plazo de un año para que la empresa pueda valorar si procede la capitalización de los gastos financieros incurridos en la financiación del activo.

Las dotaciones por perdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores, en principio son un gasto fiscalmente deducible, salvo en los casos en que la normativa tributaria no lo permita por tratarse de entidades públicas o personas o entidades vinculadas, o corresponder a estimaciones globales del riesgo de insolvencias de clientes o deudores, salvo que se trate de una entidad de reducida dimensión.

Contablemente los derechos de cobro son un activo financiero que según el PGC se calificarán normalmente en la cartera de “Préstamos y partidas a cobrar”. En dicha cartera se incluyen:

• Los créditos por operaciones comerciales: activos financieros que se originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa.
• Los créditos por operaciones no comerciales: activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y que no se negocian en un merado activo.

En esta ocasión vamos a analizar, según lo establecido en la Consulta 2 del BOICAC, núm. 100 de diciembre de 2014, el tratamiento contable de la cesión gratuita de instrumentos de análisis clínicos a centros de análisis por un tiempo determinado a cambio del compromiso contractual por parte de los citados centros de adquirir los reactivos con que se realizan los análisis.

De acuerdo con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, al analizar las obligaciones que asume la empresa con sus clientes, habría que considerar que existen dos entregables (obligaciones de cumplimiento):

• Los activos cedidos
• Los bienes a vender en un futuro

En esta ocasión planteamos el tratamiento contable a otorgar al importe satisfecho por un franquiciado en contraprestación del canon de entrada a una franquicia, teniendo en cuenta lo establecido en la Consulta 4 del BOICAC 99 de septiembre de 2014 así como el punto 7 de la Resolución de 28 de mayo de 2013, por la que se dictan normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible.

En la sociedad anónima el capital estará dividido en acciones y se integrará por las aportaciones de los socios, quienes no responderán personalmente de las deudas sociales. Según el artículo 4.3 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC):

“El capital social de la sociedad anónima no podrá ser inferior a sesenta mil euros y se expresara precisamente en esa moneda”

El desembolso mínimo, en el momento de la constitución de la sociedad, está regulado en el artículo 79 de la LSC, el cual establece:

El Plan General de Contabilidad en el apartado 2.2 de la Norma de Registro y Valoración 2.ª “Inmovilizado material” establece:

“Se producirá una perdida por deterioro de valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.”