Problemas contables

Continuando con lo publicado en el problema contable del mes de abril, esta vez nos centramos en la reclamación judicial del dividendo pasivo del accionista moroso una vez que éste ha sido reconocido como tal en la contabilidad de la sociedad.

En caso de que el accionista moroso no desembolse el capital exigido, la sociedad puede optar por reclamar por la vía judicial el cumplimiento de dicha obligación, en cuyo caso todos los gastos ocasionados con motivo de dicha reclamación serán a cargo del mencionado accionista moroso. A demás una vez que abone el dividendo, deberá pagar también los gastos que se hayan ocasionado con motivo de la reclamación judicial.

Esta vez, y para poner fin a la serie dedicada a los derechos recibidos en pago de un dividendo, vamos a tratar la problemática contable que se plantea cuando la forma de hacer efectiva esos derechos es vendiéndoselos a la sociedad emisora, la cual abona el importe de la venta con la correspondiente retención fiscal.

Así, en el caso de que se reciba el efectivo por la propia empresa, se contabilizará el correspondiente ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias por dicho concepto y la posterior variación en el valor razonable del activo en el resultado del ejercicio o en el patrimonio neto de la empresa, en función de la cartera en que estuvieses clasificada la inversión.

Siguiendo con lo publicado en el mes de marzo, esta vez planteamos el caso del tratamiento contable de los derechos recibidos en pago de un dividendo desde la perspectiva del inversor cuando dichos derechos se hacen efectivos enajenándolos en el mercado secundario.

En este caso, si el inversor decide enajenar su derecho en el mercado, en la medida en que el fondo económico de esta operación se corresponda, como parece, con la enajenación de un derecho de asignación gratuita, y no tanto con la cesión de un derecho de cobro previamente reconocido, el adecuado tratamiento contable será el previsto en el PGC para la baja de un activo financiero cuyo coste será preciso identificar.

Cuando el accionista suscribe las acciones adquiere a su vez la obligación de desembolsar la totalidad del capital suscrito, aunque no es necesario, en el caso de las sociedades anónimas, que el desembolso se realice por la totalidad del capital suscrito en el momento de la constitución de la sociedad.

El artículo 81 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC) establece que el accionista deberá aportar a la sociedad la parte de capital no desembolsada en la forma y dentro de los plazos previstos por los estatutos sociales. Si en dicho momento el accionista no cumple con su obligación surge la figura del accionista moroso.

El problema contable de este mes forma parte de una serie de tres y versa sobre el tratamiento contable de los derechos recibidos en pago de un dividendo desde la perspectiva del inversor. Dichos derechos pueden hacerse efectivos de tres formas diferentes:

1. Adquiriendo nuevas acciones totalmente liberadas.
2. Enajenando los derechos en el mercado secundario.
3. Vendiéndolos a la sociedad emisora, que abona el importe de la venta con la correspondiente retención fiscal.

Valor en uso de una activo parcialmente subvencionado

 En esta ocasión vamos a plantear la problemática contable de la determinación del valor en uso de un activo financiado parcialmente con una subvención.

De acuerdo con lo establecido en el Marco Conceptual del PGC, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el valor en uso se define como:

“Valor en uso: El valor en uso de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, a través de su utilización en el curso normal del negocio y, en su caso, de su enajenación u otra forma de disposición, teniendo en cuenta su estado actual y actualizados a un tipo de interés de mercado sin riesgo, ajustado por los riesgos específicos del activo que no hayan ajustado las estimaciones de flujos de efectivo futuros. Las proyecciones de flujos de efectivo se basarán en hipótesis razonables y fundamentadas; normalmente la cuantificación o la distribución de los flujos de efectivo está sometida a incertidumbre, debiéndose considerar ésta asignando probabilidades a las distintas estimaciones de flujos de efectivo. En cualquier caso, esas estimaciones deberán tener en cuenta cualquier otra asunción que los participantes en el mercado considerarían, tal como el grado de liquidez inherente al activo valorado.”

Una de las novedades introducidas por la tan comentada Ley de emprendedores es el Régimen especial del criterio de caja. De acuerdo con este nuevo régimen aquellos que puedan y decidan acogerse a dicho IVA de caja (se trata de un régimen optativo, al que pueden adherirse las pymes con una cifra de negocios inferior a dos millones de euros) podrán atrasar el devengo del IVA generado en sus operaciones hasta el momento del cobro total o parcial del precio, naciendo el derecho a la deducción de las cuotas soportadas en el momento del pago total o parcial del precio.

En el anterior problema contable tratábamos la problemática contable del coste de una posible reestructuración de personal tras la adquisición de un negocio suponiendo que la empresa ha reconocido el plan  para llevar a cabo dicha reestructuración.

En esta ocasión trataremos la misma problemática pero suponiendo que la entidad no ha comunicado la reestructuración con anterioridad a la adquisición del negocio. Si la empresa no ha comunicado previamente los costes de reestructuración entonces no cumplen la definición de pasivo, ya que no implican una obligación para la entidad. A estos efectos los costes futuros de un posible plan de reestructuración de personal, por si mismos, no generan una obligación presente frente a terceros, al margen de que las partes los hayan podido considerar a la hora de fijar el precio del negocio adquirido.

En el presente problema contable vamos a tratar el caso de una sociedad que adquiere un negocio en funcionamiento, el cual incluye tanto activos como los pasivos asociados a dichos activos, entre los que se incluye cualquier deuda que se manifieste posteriormente a la fecha de adquisición que sea consecuencia de la reestructuración del personal afecto al negocio adquirido. En el acuerdo se estima que el importe del los pasivos, tanto reales como potenciales, es superior al de los activos y está previsto que el comprador reciba una determinada cantidad en efectivo.

La norma de registro y valoración 8ª “Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar” del Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre establece que un arrendamiento operativo es un acuerdo mediante el cual el arrendador conviene con el arrendatario el derecho a usar un activo durante un periodo de tiempo determinado, a cambio de percibir un importe único o una serie de pagos o cuotas, sin que se trate de un arrendamiento financiero. Los ingresos y gastos, correspondientes al arrendador y al arrendatario, derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo serán considerados, respectivamente, como ingresos y gastos del ejercicio en el que los mismos se devenguen, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias.